sábado, 18 de mayo de 2013

Desde la creación de la Misión Vivienda se previó pago de casa


Nicolás Maduro aseveró que no se puede seguir regalándolas

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La inversión para la Misión Vivienda es de Bs 79 millardos, por tal motivo, el Gobierno busca más recursos 

El Presidente Nicolás Maduro anunció que prepara un plan para que las familias beneficiarias de la Gran Misión Vivienda comiencen a pagar por los inmuebles que les fueron asignados, pero ya desde la creación de ese programa habitacional en abril de 2011 se contempló la cancelación de esas casas.

En un acto en el estado Táchira, el primer mandatario reiteró que "el que tenga una vivienda tiene que pagar el costo de la vivienda según sus posibilidades. No podemos seguir regalando viviendas. Aquí tiene esta vivienda, se le da un derecho y se le da su título de propiedad. Esto es socialismo puro".

Ese plan, de acuerdo a lo indicado por el jefe de Estado, tendrá excepciones con las familias que no tengan capacidad de pago, siempre que cumplan con los términos de las normas en materia de vivienda.

Estructura

Tras los daños que ocasionaron las lluvias a fines de 2010, el Gobierno consideró que era necesario acelerar la producción de viviendas, y en 2011 lanzó la Gran Misión Vivienda para beneficiar no sólo a los damnificados sino también a las familias que no tenían casas.

Para estructurar la Misión las autoridades aprobaron un conjunto de leyes con los objetivos de atender la emergencia y crear una nueva forma de propiedad, que establece que las casas construidas se tienen que pagar. De hecho, para completar esos instrumentos legales se autorizaron resoluciones que detallaban las condiciones de los financiamientos y de los subsidios directos, los cuales ayudan a completar la adquisición de las soluciones.

El Ejecutivo, en el marco de la Misión, autorizó como primera medida un registro de vivienda al cual se inscribieron cerca de 3 millones de personas, y basado en ello se realizarían las asignaciones de las casas.

Junto a ese registro se decidió que las viviendas entregadas mediante el plan habitacional deben estar bajo la forma de propiedad familiar. Y el documento que tienen que recibir los beneficiarios incluye datos como el precio de venta y método de financiamiento.

Para otorgar los créditos de adquisición se modificó la cartera hipotecaria de la banca, de manera que las familias con ingresos desde un 1 salario mínimo hasta 6 salarios mínimos tuvieran prioridad en la autorización de los préstamos.

A la par, se cambió el sistema de subsidios para que esté sujeto al ingreso familiar, siendo el monto máximo 270.000 bolívares, y permita que las familias que devengan menos de un salario mínimo tengan una excepción de pago por dos años. La norma dice que a partir del segundo año son objeto de evaluaciones para la fijación de los créditos según sus ingresos.

¿Por qué no se pagó?

Si bien el Gobierno organizó un sistema para vender esas unidades, las cancelaciones no se materializaron por los problemas en los procesos de asignaciones de las viviendas.

Las casas se adjudicaron y en muchos casos los beneficiarios aún no han recibido los documentos de propiedad familiar, y sin los títulos los financiamientos no se pueden tramitar.

Fuentes financieras explican que una porción de la gaveta hipotecaria se previó para atender a esos grupos, pero los préstamos no se pudieron autorizar, porque las familias no cumplían con todos los requisitos, es decir, no tenían los documentos para gestionar los créditos.

Apuntan que la banca no puede aprobar los préstamos sin todos los papeles, porque se expone a sanciones por parte de la Superintendencia de Bancos.

Maduro aseveró este viernes que si las familias comienzan a pagar por las viviendas esos recursos alimentarán el Fondo Central de Vivienda y así se podrá continuar con la construcción de más unidades.

Recordó que el Plan Barrio Nuevo Tricolor requiere de 21 millardos de bolívares y la Misión Vivienda de 79 millardos de bolívares. No obstante, ya la banca entregó para la Misión 56 millardos de bolívares.

Ese plan entre 2011 y 2012 costó 82 millardos de bolívares.

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