10 de Enero 2013

10 de Enero 2013

Uno de los dictadores venezolanos del siglo XIX, el general José Tadeo Monagas, pasó al registro de las citas históricas por haber dicho que “la Constitución sirve para todo”. Este enero de 2013 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha demostrado que el general tenía razón. Este 10 de enero debía encargarse de la Presidencia de Venezuela el presidente de la Asamblea Nacional por la ausencia temporal o absoluta del presidente electo, comandante Hugo Chávez Frías, pero el TSJ dictaminó que no era necesario porque existía “continuidad de gobierno” y que el Presidente electo puede juramentarse en el momento que lo considere conveniente.

Al cesar el periodo presidencial cesaban también, obviamente, los altos funcionarios designados por Chávez, entre ellos el vicepresidente ejecutivo de la República. Pero la tesis de la “continuidad” le permitió a Nicolás Maduro permanecer en su cargo y convertirse así en representante del Presidente electo, pero sin el título siquiera de encargado del Poder Ejecutivo, mientras dure la ausencia del Presidente electo. Es una situación que no es fácil de comprender ni de explicar. Sin especulaciones, se trata de un golpe de Estado auspiciado y ordenado por el Poder Judicial, algo que nunca había ocurrido en Venezuela. Que sabemos que se inicia este 10 de enero pero cuyo desenlace no imaginamos porque el TSJ, al pretender abrir un camino, parece haberlos cerrado todos.

Obviamente, el oficialismo ha podido optar por otras fórmulas, como la consagrada por la Constitución, con el presidente de la Asamblea Nacional encargado del Poder Ejecutivo y dispuesto a preservar de algún modo el tiempo que le fuere necesario al Presidente electo para regresar. Aunque esto tampoco podría calificarse de ortodoxo, implicaría, al menos, un esfuerzo por preservar la apariencia de legitimidad de las decisiones. En suma, los poderes del Estado en Venezuela han demostrado en su conjunto inferioridad ante la magnitud de la crisis.

De manera insólita, jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y en particular de Petrocaribe y del ALBA han concurrido a “reuniones extraordinarias de trabajo” como un gesto de solidaridad comprensible con el Presidente electo, pero, paralelamente, en momentos en que la economía venezolana les envía señales inequívocas de que no está en condiciones de continuar con programas como los que caracterizan estas alianzas de beneficios unilaterales. Como si quisieran ponerle el primer test a la validez jurídica de las decisiones del Gobierno continuado.

En una palabra, un general pudo haber dicho que “la Constitución sirve para todo” y otro que “no sirve para nada”. Lo grave es que ahora no han hablado los generales, sino los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y esto no es fácil de explicar.